En los últimos días, se conocieron diferentes reclamos de instituciones que ofician de prestadores de servicios para personas con discapacidad por demoras en los pagos que deberían haber recibido de las obras sociales a las que facturan. Son planteos que se hicieron ante varios entes estatales, que involucran a millones de pesos y que afectan a miles de personas con discapacidad que son los beneficiarios de esos servicios.
Los mismos se presentaron ante autoridades sanitarias, la AFIP, la ANDIS, el Ministerio de Salud, las obras sociales y ante la superintendencia de Servicios de Seguridad Social entre otros, aunque aún no se ha logrado la definitiva normalización del sistema.
Por otra parte, trabajadores que asisten a personas con discapacidad se manifestaron frente a la Superintendencia de Salud y denunciaron trabajar “en condiciones precarizadas”, cuestionaron el “ajuste” del Gobierno y la demora superior a los 90 días en los pagos. Familiares y asociaciones realizaron marchas y caminatas en diferentes puntos del país denunciando trabajar “en condiciones precarizadas” y cuestionando la demora superior a los 90 días en los pagos.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo dependiente del a Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se informó que actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la ley.
Lorena y Armando Brítez, padres de Gonzalo, un chico con discapacidad comentaron respecto de las consecuencias de los recortes en las prestaciones de salud: “Hay mucha incertidumbre, se pasan la pelota constantemente. Buscan crear una agencia de discapacidad donde perdemos la potestad de elegir los profesionales”. Lorena, luego añadió: “Todas las sesiones se cayeron por falta de pago, solamente siguió viniendo la acompañante terapéutica por voluntad propia”.
Por otra parte, Gonzalo, quiso contar su experiencia y las dificultades que le generó esta situación: “Me va bien en el colegio, se me hace difícil pero puedo hacer todo. Tengo asperger pero soy capaz de hacer cualquier cosa”.
ANDIS es la Agencia de Discapacidad que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y desde ella reconocieron el atraso en los pagos por “inconvenientes administrativos”, pero confirmaron que desde este lunes ya comenzó a regularizarse la situación. El Ministerio de Economía, en tanto, desmintió que vaya a haber recortes en el área de discapacidad.
