Ante el marcado incremento del sobreendeudamiento familiar en los barrios platenses, el bloque de concejales de Fuerza Patria ingresó al Concejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza para frenar las maniobras abusivas y extorsivas en el otorgamiento de créditos fuera del sistema bancario tradicional. La propuesta, impulsada por la titular de la bancada, Josefina Bolis, apunta a regular la actividad de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) que operan con domicilio o locales en el distrito.
El proyecto toma estado parlamentario en un escenario económico crítico. Según datos del Mapa de Endeudamiento confeccionado por el Observatorio de la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert, la tasa de mora general en La Plata ascendió al 15,61%. El indicador se vuelve alarmante entre los jóvenes de 18 a 25 años, segmento donde el nivel de morosidad se duplica hasta alcanzar un 33,83%. Sin embargo, la concejala advirtió que la cifra no contempla las extorsiones de prestamistas informales no registrados, donde acuden miles de vecinos golpeados por la caída salarial para cubrir alimentos, alquileres, servicios o emergencias médicas.
Un registro municipal obligatorio para firmas prestamistas en La Plata
El corazón del proyecto estipula la creación del “Registro Municipal de Proveedores No Financieros de Crédito”, un padrón público y gratuito administrado por la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Todas las personas jurídicas que comercialicen préstamos de dinero o financiaciones en La Plata dispondrán de 90 días corridos desde la promulgación de la norma para inscribirse, requisito indispensable para obtener o mantener sus habilitaciones comerciales en el municipio.
La iniciativa fija una serie de exigencias contractuales e informativas para transparentar el mercado:
- Información veraz y gratuita: Las empresas deberán detallar de forma cierta el costo financiero total, tasas e intereses aplicables en lenguaje claro, entregando prioritariamente la documentación en soporte físico.
- Atención humana obligatoria: Se prohíbe el uso exclusivo de bots, chatbots o contestadores automáticos para atender reclamos de clientes. Se deberá garantizar la derivación ágil con un operador humano.
- Crédito responsable: Las firmas deberán evaluar la capacidad de pago del solicitante y abstenerse de estimular el endeudamiento excesivo o la refinanciación en cadena.
Blindaje contra el acoso en las cobranzas
Uno de los capítulos más severos del proyecto aborda las modalidades de cobro extrajudicial. La ordenanza prohíbe taxativamente la ejecución de prácticas intimidadoras, vergonzantes o vejatorias dirigidas a acosar a los deudores.
En tal sentido, se sancionará a las financieras que realicen contactos de cobro los fines de semana, feriados o fuera de la franja hábil de 9 a 20 horas. A su vez, queda expresamente prohibido comunicarse con empleadores, vecinos o familiares de la persona endeudada; enviar notas con sellos o falsas apariencias de reclamo judicial; o pegar listas de “morosos” en redes sociales, medios de comunicación o en la vía pública.
Procedimiento sumarísimo y exclusión del padrón
La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de La Plata actuará como órgano de aplicación y fiscalización. Frente a denuncias por tratos indignos o engañosos, el organismo dispondrá de un plazo de 30 días para emitir un dictamen técnico. No obstante, cuando se verifique un peligro inminente para la seguridad económica o la salud del consumidor, el procedimiento administrativo se resolverá en un plazo de 48 horas.
Aquellas empresas que sumen sentencias firmes por faltas graves o reincidan en la infracción de las pautas de trato digno serán excluidas del registro y perderán la habilitación para funcionar en el partido. Lo recaudado en concepto de multas se destinará a campañas masivas sobre los derechos del consumidor.
Al fundamentar la iniciativa, Bolis advirtió que la desregulación nacional dio paso a esquemas de usura descontrolados: “No se trata de un problema entre privados, sino que es un fenómeno social cada vez más extendido que afecta a la dignidad humana, la salud mental y el proyecto de vida de las familias”, explicó la edil en respuesta a los dichos del Presidente Javier Milei que responsabilizó a los deudores y aseguró que el Estado nacional no intervendrá para solucionar la situación.
