En medio de una alarmante crisis de endeudamiento familiar que golpea a los argentinos, el presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley para proteger el salario de los empleados estatales bonaerenses. La iniciativa propone establecer un régimen de protección del ingreso y reordenamiento financiero frente a los débitos automáticos que absorben los recibos de sueldo.
El proyecto propone que las retenciones por obligaciones voluntarias asumidas por los agentes públicos no puedan superar el 30% de la remuneración neta protegida, asegurando que cada trabajador mantenga disponible al menos el 70% de su salario o, en su defecto, el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Al defender el proyecto, Berni subrayó el carácter alimentario del haber estatal: “No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas. El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”, explicó.
Alertas automáticas y regulación a las financieras
La medida abarca a los trabajadores de la Administración Pública bonaerense centralizada, descentralizada, entes autárquicos y organismos que operen mediante el sistema de código de descuentos provincial. Para evitar maniobras de elusión, el régimen establece alertas de suspensión al alcanzar el 20% de afectación del sueldo y bloqueos automáticos al llegar al límite del 30%.
En paralelo, la iniciativa endurece los controles sobre mutuales, cooperativas y entidades financieras que aplican débitos directos:
- Transparencia obligatoria: Deberán informar con claridad el Costo Financiero Total y tendrán prohibido trasladar cargos administrativos a los recibos de los empleados .
- Consolidación de deudas: Se crea un programa de adhesión voluntaria para unificar pasivos acumulados en una sola cuota accesible, extendiendo plazos y bajando tasas de interés.
- Sanciones y fondo especial: La autoridad de aplicación podrá aplicar multas, suspensiones o quita del código de descuento a las entidades infractoras. El sistema se financiará con un canon mensual sobre la masa de descuentos, destinando el 75% a un fondo de protección e inclusión financiera.
Presión gremial y el mapa del endeudamiento en el Conurbano
La propuesta legislativa responde a un reclamo sistemático que las organizaciones sindicales llevaron a las mesas paritarias bonaerenses. Relevamientos del Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert señalan que en mayo de 2026 existían 1,84 millones de bonaerenses en mora, sumando un pasivo impago de $6,49 billones.
La morosidad promedio provincial asciende al 20,17%, registrando picos críticos en distritos del conurbano como José C. Paz (32,86%), Presidente Perón (32,73%) y Florencio Varela (32,48%). En la franja de jóvenes de hasta 25 años, el incumplimiento escala al 46,17%. Por su parte, la mora bancaria familiar pasó del 2,5% al 12,8% en menos de dos años, de acuerdo con datos expuestos por el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco.
El Banco Provincia lanzó el programa “Ponete al Día” para refinanciar deudas
Por su parte, el Ejecutivo provincial encabezado por Axel Kicillof, a través del Banco Provincia, lanzó el programa “Ponete al Día”, una línea de refinanciación a tasas preferenciales de hasta el 31% anual y plazos de hasta 72 meses que ya benefició a 84.000 clientes por un monto de $344.800 millones.
El despliegue de estas herramientas contrasta con la postura del Gobierno nacional. El presidente Javier Milei desestimó la intervención estatal en la crisis de endeudamiento, sosteniendo que “es una transacción entre privados” y que arreglarlo desde el Estado “es una distorsión del mercado”. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero de la cartera, Adrián Ravier, rechazaron auxilio financiero alguno para los morosos.
Desde el Gabinete bonaerense, Bianco replicó que la Casa Rosada “niega el problema y responsabiliza a la gente que no llega a fin de mes y se debe endeudar para comprar alimentos”, vinculando el salto de la mora a la quita de subsidios, la suba de tarifas, que pasó de absorber del 6% al 15% del salario, y el freno a las paritarias.
