Pese a la emergencia en materia ambiental, la Mesa de Enlace, que representa los intereses de los pools de siembra concentrados, se manifestó en contra de una de las pocas iniciativas que podrían reducir el terrible daño ambiental y social que sufren las diferentes comunidades por la quema indiscriminada y escandalosa de pastizales y campos.
Argumentaron que la ley “afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía” y que la propuesta “pone en riesgo el desarrollo del país”.
Según su visión, los productores agropecuarios defienden los recursos naturales, los cuidan porque son la “herencia de generaciones”, son los que garantizan “la salud del suelo y del ambiente”, y conocen “las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer”, lo que contradice a cientos de estudios tanto nacionales como internacionales sobre el daño que causan las prácticas de este tipo.
Además, soslayan en sus declaraciones la intencionalidad de los incendios como forma estandarizada para producir ganancias por parte de los grandes estancieros: “La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa”.
La ley, en cambio, propone estudiar las zonas y clasificarlas para regular su uso, lo que establecería parámetros certeros sobre qué actividades productivas se pueden hacer y cuáles no en cada área donde funciona el ecosistema del humedal.
Las declaraciones de la mesa de enlace no solo invisibilizan la intencionalidad de los incendios sino que además, coloca la productividad y la rentabilidad de los campos por sobre la salud de las comunidades y la población del país. En los últimos meses el humo hizo irrespirable el aire de grandes centros urbanos e incluso, llegó en varias oportunidades al Conurbano de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.