El partido de La Matanza, encabezó la lista de municipios donde se llevaron a cabo la mayor cantidad de homicidios dolosos durante el año 2024. El dato surge de un informe de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio Público bonaerense.
En 2024, el municipio que encabeza Fernando Espinoza se posicionó en la cima de la lista de departamentos judiciales con la mayor cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) por homicidios dolosos consumados. En total, se registraron 143 IPP en este distrito, superando a otros departamentos del conurbano.
Mientras que a nivel provincial se observa una leve disminución de los homicidios dolosos durante el último año, La Matanza muestra una tendencia opuesta. En 2024, experimentó un aumento del 5,9% en las IPP por este delito, pasando de 135 en 2023 a 143 en 2024. Esta variación contrasta con el -1,0% registrado a nivel provincial.
Cabe resaltar además, que si bien el índice acumula provincialmente una reducción de más del 11% en los últimos 5 años, el caso de La Matanza registra una suba consecutiva en los últimos dos años.
La evolución en los últimos 5 años:
- 2020: 154 IPP
- 2021: 124 IPP
- 2022: 120 IPP
- 2023: 135 IPP
- 2024: 143 IPP
Si bien hay distritos que sufrieron subas porcentuales mayores en su índice, en La Matanza se registró la mayor cantidad de homicidios dolosos consumados durante el 2024.
El Conurbano concentró más del 88% de los homicidios en la provincia durante el 2024
El informe, si bien puede mostrar signos positivos con los datos generales de los últimos años, revela además una preocupante cifra: el 88,6% de los homicidios dolosos consumados en la provincia se registraron en los municipios del conurbano bonaerense, La Plata y Mar del Plata.
Las estadísticas presentadas en el informe de la Procuración General resaltan la importancia de La Matanza en el panorama de la violencia homicida en la Provincia de Buenos Aires. Su alta incidencia en términos absolutos, su evolución particular y su peso en los promedios regionales y provinciales evidencian la necesidad de un análisis profundo y de políticas públicas específicas para abordar esta problemática.
