Un nuevo y alarmante mapa elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió las alarmas en el Consejo Profesional de Química, que se declaró en “estado de alerta” ante una crisis en el acceso a agua segura en Argentina. Según el estudio, alrededor de 17 millones de personas en el país consumen agua con niveles de arsénico que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la situación se agrava en la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron zonas de alto riesgo.
El informe, que abarca datos de mayo de 2024 a enero de 2025, indica que si bien La Plata no presenta puntos en alerta roja, sí se identificaron áreas con niveles de “precaución” que superan el límite de 0,01 mg/l o 10 ppb (partes por billón) establecido como seguro por la OMS.
En qué zonas se detectaron altos niveles de arsénico en La Plata
El mapa del ITBA señala cuatro puntos críticos en la ciudad. En el Casco Urbano, se encontró una muestra de agua de red de ABSA en la calle 16 entre 60 y 61 con 12 ppb de arsénico. Fuera del centro, en Gonnet, una muestra de agua de red de ABSA arrojó 13 ppb, mientras que otra, tomada de un pozo en el mismo barrio, alcanzó un preocupante nivel de 26 ppb. Finalmente, en City Bell, se detectó una concentración de 14 ppb.
Estos valores, que se sitúan en el rango de “precaución” (entre 10 y 50 ppb), obligan a completar estudios para determinar si su consumo prolongado podría desencadenar enfermedades graves como el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).
Impulso judicial y la postura de la Corte bonaerense
La crisis del agua contaminada con arsénico, un problema que afecta a al menos doce provincias, llegó a los tribunales. En un fallo reciente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJ) rechazó una queja de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), confirmando la obligación de la compañía de garantizar el suministro de agua con niveles de arsénico por debajo del límite de 10 ppb.
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Frente a esta situación, el Consejo Profesional de Química denunció, a través de su presidente, Carlos Colángelo, que este estudio “pone en evidencia la impunidad y la negligencia general con la cual se presta un servicio esencial a la ciudadanía”. Colángelo, que recordó que la presencia de arsénico es un flagelo “de larga data y ciertamente invisibilizado”, y subrayó que es “inconcebible” que ni las empresas prestatarias ni las autoridades de gestión sanitaria realicen los análisis y tratamientos necesarios.
El organismo profesional exigió que se implementen medidas urgentes de reparación y que se garantice a la población el acceso a información veraz sobre la calidad del agua que consume, para así proteger la salud pública frente a los graves efectos del arsénico, un metaloide tóxico con potencial cancerígeno.
