El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que instruyó al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos. Dichos mensajes no habían llegado a la tapa de ninguno de los medios nacionales porteños.
“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habrían realizado en un avión privado, hasta Lago Escondido”, relató Fernández; y continuó: “Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”.
“Todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”.
El viaje de los jueces se habría concretado el jueves 13 de octubre en un charter que partió desde el aeropuerto de San Fernando, vuelo que fue revelado por Página 12 el 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta.
Los implicados son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el procurador porteño, Juan Batista Mahiques; el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo.
Frente a los hechos, Alberto Fernández expresó: “Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.
En este sentido, el Jefe de Estado señaló que dio instrucciones al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal “a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento”.
También instruyó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que habrían intervenido en el viaje.
En el ámbito parlamentario solicitará, expresó, al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados” y en caso de que corresponda, “presentar el juicio político a los funcionarios de la Ciudad” que hubieren participado de los hechos.
Asimismo, enfatizó que “una vez más” solicitará al Congreso Nacional que “avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.
