El Senado bonaerense convirtió en ley una iniciativa que busca proteger a las instituciones fundamentales de la sociedad civil. La nueva normativa, impulsada por el diputado matancero y jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Facundo Tignanelli , prohíbe de forma terminante a las empresas de servicios públicos cortar el suministro de electricidad, gas, agua y cloacas a una serie de entidades clave.
La ley garantiza la continuidad del servicio a hospitales, escuelas, clubes de barrio y asociaciones civiles sin fines de lucro dentro de la jurisdicción provincial.
Servicios protegidos y planes de pago
La medida no solo impide la interrupción de servicios esenciales ante eventuales deudas, sino que también obliga a las empresas prestatarias a ofrecer planes de pago accesibles para que estas instituciones puedan regularizar su situación financiera.
El objetivo central de la legislación es evitar que las subas tarifarias o dificultades económicas pongan en riesgo la operatividad de espacios que cumplen un rol social, cultural y sanitario vital para la comunidad.
Justicia Social y críticas al “mercado”
Tignanelli, destacó el significado de la ley en un contexto de altos costos de servicios. “Es un proyecto que tiene una profunda justicia social y que se da en un contexto en el que las tarifas se volvieron impagables”, subrayó.
En esa línea, el referente de La Cámpora sostuvo que, “no puede ser que un club, una escuela o un hospital tenga que elegir entre ayudar a la gente o pagar la boleta. Eso pasa cuando se deja todo librado a la lógica del mercado”, afirmó Tignanelli.
El diputado enfatizó la necesidad de resguardar el “entramado social y comunitario” que sostienen estas organizaciones, señalando que cortarles los servicios afecta “directamente el bienestar de la comunidad”.
Consecuencias por incumplimiento
Para asegurar su cumplimiento, la flamante ley establece sanciones económicas para aquellas empresas de servicios públicos que no acaten la prohibición y procedan al corte de suministro en estas instituciones protegidas.
Esta aprobación representa un espaldarazo a las entidades de bien público que, a menudo con presupuestos ajustados, son pilares en la asistencia y el desarrollo local en el marco de la crisis social y económica que atraviesa el país..
