El submundo del trabajo esclavo en el sector agrario de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Un masivo despliegue de las fuerzas de seguridad y de los organismos inspectores del Estado logró la desarticulación de un predio donde se perpetraban delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil en la periferia de la capital bonaerense. El procedimiento concluyó con el rescate integral de más de 80 personas que subsistían bajo un régimen de precariedad habitacional extrema, desprotección gremial y severa vulnerabilidad social.
La pesquisa, coordinada operativamente por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial La Plata, bajo la conducción de la Dra. Cecilia Corfield, apuntó hacia una serie de terrenos productivos localizados en la localidad de Lisandro Olmos. Las tierras inspeccionadas pertenecen a una firma comercial de la región y estaban abocadas de manera intensiva a la producción y cultivo de tomates, plantas y hortalizas variadas. En esos campos, los investigadores de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constataron las condiciones inhumanas a las que eran sometidas las familias de cosechadores.
El saldo del rescate: hacinamiento y menores en las plantaciones
Al momento de irrumpir en las instalaciones de la finca, los agentes y los equipos interdisciplinarios encargados de la asistencia a las víctimas hallaron un cuadro crítico de hacinamiento. Como resultado del operativo de rescate, las autoridades lograron poner a resguardo a 57 personas mayores de edad y a un lote de 27 menores que realizaban tareas de recolección y cuidado de cultivos, vulnerando las leyes de prohibición del trabajo infantil.
La causa judicial penal tuvo su origen a partir de una presentación realizada por las autoridades de la Agencia Territorial La Plata de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El organismo laboral había detectado las flagrantes irregularidades de contratación, las deplorables estructuras habitacionales y la supresión de derechos laborales en el marco de un relevamiento ordinario de fiscalización encuadrado dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo.
Acción coordinada de organismos inspectores y de rescate
Dada la complejidad del delito de trata de personas en el ámbito rural, el operativo requirió la intervención conjunta de múltiples dependencias nacionales y municipales. El procedimiento contó con el despliegue del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Víctimas del Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, encargado de brindar la primera contención psicológica y médica a los damnificados.
Asimismo, participaron de manera activa los inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), personal de la Dirección Nacional de Migraciones, funcionarios de la Secretaría de Trabajo nacional y especialistas de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata, encargados de tutelar los derechos de los 27 niños desvinculados de las tareas agrícolas. La cobertura de seguridad y los allanamientos simultáneos contaron con la asistencia técnica de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Las organizaciones gremiales del sector agrario y los movimientos de defensa de los derechos humanos volvieron a encender las alarmas ante este caso testigo en Lisandro Olmos. Desde los espacios de representación de los peones rurales recalcaron que el cordón hortícola platense continúa registrando altos índices de informalidad y demandaron la profundización de las auditorías en las quintas para desterrar de forma definitiva los esquemas mafiosos que lucran con el hambre de las familias trabajadoras.
