El triple crimen con sello narco de Florencio Varela, una de las investigaciones más destacadas y terribles del último tiempo, sumó un nuevo y sorprendente capítulo. La familia de Lara Gutiérrez, una de las adolescentes asesinadas, manifestó su rotundo rechazo a que el expediente sea trasladado al fuero federal.
Stella Maris Castro, madre de la víctima de 15 años, encabezó una movilización y se reunió con el fiscal Adrián Arribas en la Fiscalía de Homicidios de San Justo (La Matanza). El encuentro, calificado como “informativo” y desarrollado en “buenos términos” por el funcionario judicial, tuvo como principal objeto el pedido explícito de la querella: que la causa permanezca en la Justicia ordinaria.
El motivo del desacuerdo: Homicidio vs. Narcotráfico
La decisión de la familia de Lara va a contramano de lo que pidieron en un comienzo los familiares de las otras dos víctimas, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, quienes sí solicitaron el pase a la órbita federal para profundizar en la estructura narco detrás de los crímenes.
La oposición de la familia Gutiérrez se basa en el temor de que, al centralizarse en el narcotráfico, los homicidios queden “en la nada” o en un segundo plano. La hermana mayor de Lara, Agostina Gutiérrez, explicó la preocupación en redes sociales: “Si pasa al fuero federal los homicidios van a quedar en la nada, faltan tres prófugos y más gente por identificar”.
Stella Maris Castro mencionó concretamente a Alex Ydone Roger Castillo, David Gustavo Morales Huamani (alias “El Loco David” o “Tarta”), y Manuel David Valverde Rodríguez como los prófugos que teme que no sean capturados con el cambio de jurisdicción. Los tres, no obstante, están plenamente identificados y cuentan con circular roja de Interpol.
Posición de la Justicia y prisiones preventivas
El fiscal Adrián Arribas informó que el pedido de la querella “ya no está a nuestro alcance”, ya que el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara avaló la declinatoria de competencia al fuero federal, que actualmente tiene el expediente.
El magistrado Pinos Guevara respaldó la decisión de la UFI de Homicidios de La Matanza, argumentando que la Justicia ordinaria solo podría juzgar el narcomenudeo, no la “empresa narcocriminal trasnacional e interjurisdiccional” que motorizó los hechos. El juez afirmó que escindir el proceso, o mantenerlo en lo ordinario, “atenta gravemente contra la administración de justicia” e impediría dar con la totalidad de los responsables.
Mientras tanto, se confirmó que un grupo de ocho acusados ya recibió la prisión preventiva por los crímenes, entre ellos el presunto autor ideológico, Joseph Freyser Cubas Zavaleta (“Señor J”). El magistrado tiene aún pendiente resolver la prisión preventiva de Mónica Mujica y el propio Cubas Zavaleta, por su parte en los hechos.
