La diputada nacional oriunda de La Matanza, Luciana Potenza, presentó un proyecto de ley en la cámara baja para evitar que las empresas proveedoras suspendan o corten los servicios públicos de los jubilados y pensionados que perciban una suma equivalente a hasta dos salarios mínimos. El proyecto va en sintonía con la iniciativa presentada en la legislatura bonaerense por el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Facundo Tignanelli.
El propósito de la legislación impulsada por la legisladora de UP en la cámara baja del Congreso de la Nación, es prohibir el corte de los servicios públicos a los jubilados y pensionados, que cobren hasta dos haberes mínimos y también proteja con el beneficio a las entidades de bien público. Por su parte, el proyecto de Tignanelli incluye también a los servicios prestados por los municipios y sus dependencias, así como instituciones sanitarias y educativas locales y provinciales.
Ambos proyectan no establecen una condonación de las deudas, sino que impulsan el diseño por parte de las empresas de planes de pago que faciliten la cancelación de las mismas.
El dirigente matancero y titular de la bancada peronista en la cámara baja provincial explicó que su iniciativa busca impedir que el ajuste en las tarifas obliguen a las entidades de bien público cerrar sus puertas, “los centros de jubilados o los clubes de barrios son parte fundamental del tejido social, y más en estos tiempos de crisis. Son lugares de contención que con los costos actuales están en riesgo. No podemos permitir que se cierren porque no pueden pagar las tarifas”, señaló. Tignanelli.
Los proyectos fueron presentados en el marco de un aumento de las tarifas aplicado por el gobierno de Javier Milei, que alcanza a julio un 1208% en gas, un 229% en luz y un 249% en agua, a lo que se agrega un 4% para el corriente mes de septiembre en cada servicio, según anunció el gobierno nacional.
Desde la asunción de Milei, el costo de vida de jubilados y pensionados se ve cada vez más afectado por la quita de subsidios, entre los que se encuentran el recorte de medicamentos que el PAMI brindaba de forma gratuita, y el impacto del aumento en las tarifas de servicios públicos.
Con ese marco, según datos brindados por la Defensoría de la Tercera Edad, alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados cobran un haber mínimo de aproximadamente $225.497, cuando la canasta básica del mismo segmento etario alcanza los $300.000.
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Potenza sostuvo, a proposito de la problemática en torno a la situación de los jubilados que, “la tercera edad es un segmento muy delicado de la sociedad, su costo de vida siempre es más alto que el promedio” y apuntó contra el Presidente, “Milei os convirtió en su principal variable de ajuste. Y encima cuando protestan Bullrich los reprime”, disparó la diputada.
Los proyectos presentados en las cámaras de diputados de nación y provincia por los legisladores matanceros serán tratados en comisiones durante las próximas semanas, a la espera de un dictamen que permita llevar las iniciativas a los parlamentos para su aprobación.
El debate sobre la problemática en torno a la situación actual de los jubilados generó un fuerte debate en el Congreso de la Nación las últimas semanas, luego de que el Poder Legislativo aprobará un aumento salarial del 8%, en línea con la la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones desde la asunción de Milei respecto a la inflación, puesto que la actualización de los haberes de principio del año no contempló la suba de precios total del mes de enero.
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La ley aprobada por dos tercios en ambas cámaras estipulaba a su vez una nueva fórmula de movilidad que establecía que el piso mínimo de los haberes jubilatorios sea equivalente al 1.09% de la canasta total para un adulto. La iniciativa fue vetada por el gobierno de Milei y la cámara de diputados no logró mantener los dos tercios de los votos obtenidos para su aprobación, por lo que el veto quedó firme.
