La creciente pérdida del poder adquisitivo y el incremento sostenido en el costo de vida derivaron en una problemática crítica para el conurbano bonaerense: el aumento desmedido del endeudamiento familiar para suplir necesidades básicas. Frente a este escenario, el diputado provincial y titular del bloque peronista en la cámara baja, Facundo Tignanelli, y el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, presentaron un conjunto de medidas destinadas a proteger y acompañar a los vecinos del municipio de La Matanza.
La estrategia articulada consta de dos ejes complementarios. Por un lado, se puso en marcha el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras, una vía formal impulsada por el organismo provincial que habilita un registro de deudas y ofrece una instancia de mediación técnica frente a las entidades acreedoras para acordar esquemas de pago viables. Por otro lado, la iniciativa se complementa en la Legislatura provincial mediante el proyecto para la creación del Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, un proyecto legislativo orientado a brindar una estructura legal permanente contra los abusos en el sector de crédito y consumo.
Radiografía del consumo básico y el aumento del endeudamiento familiar en La Matanza
El diagnóstico expuesto por las autoridades muestra una marcada diferencia respecto a las dinámicas históricas de crédito. De acuerdo con las cifras señaladas por el legislador bonaerense, un tercio de la población en La Matanza sostiene pasivos financieros contratados únicamente para solventar canastas alimentarias o facturas de servicios públicos indispensables.
Sobre este punto crítico, Tignanelli contextualizó la realidad que atraviesan los vecinos de La Matanza: “Hoy, uno de cada tres matanceros tiene deudas vinculadas exclusivamente a alimentos o tarifas de servicios. No hablamos de créditos para cambiar el auto o comprar una casa, sino de gastos corrientes de supervivencia que no se pueden sostener”, explicó.
Abusos en el cobro y protección legal
Otro de los aspectos centrales abordados por la propuesta es el accionar de agencias de cobro y financieras particulares. Desde el sector público advierten por la proliferación de prácticas amedrentadoras que vulneran la privacidad e intimidad de los deudores, incluyendo intimaciones dirigidas a sus entornos personales o lugares de empleo.
Al referirse a la conducta de los agentes acreedores, el diputado provincial apuntó contra este tipo de hostigamientos: “Los acreedores están cruzando todos los límites. Apretan a las familias, amigos y hasta los lugares de trabajo amenazando con embargos. Estas prácticas abusivas tienen que cesar para recuperar un marco de racionalidad”.
En ese sentido, la propuesta normativa busca fijar límites claros a las metodologías de cobro y establecer procesos formales de reestructuración que equilibren la relación contractual entre los consumidores golpeados por la recesión y las entidades crediticias.
Responsabilidad de pago e impacto macroeconómico
Desde el espacio promotor remarcaron que el objetivo de las herramientas no es la condonación ni la evasión de las responsabilidades financieras, sino la adecuación de los montos a la capacidad real de ingreso de los hogares. En ese sentido, Tignanelli atribuyó las dificultades financieras actuales a la orientación de la política económica nacional conducida por el presidente Javier Milei.
“El pueblo de La Matanza es trabajador, tiene voluntad de honrar sus compromisos y cumplir con sus obligaciones; simplemente hoy no puede hacerlo por el modelo económico de Javier Milei, del que tenemos la esperanza de que pronto se termine”, concluyó el dirigente matancero.
Con este marco, desde la legislatura la provincia de Buenos Aires busca instalar un precedente institucional en la contención del sobreendeudamiento, priorizando la mediación pública para devolver previsibilidad a la economía de los hogares vulnerados.
