El escenario político nacional se vió sacudido esta semana por una serie de eventos que alertan la instauración del negacionismo a la Argentina, atentando contra políticas de Estado de nuestra democracia en materia de Memoria, Verdad y Justicia. A la par, las reacciones tempranas de la oposición al gobierno podrían significar el principio de una rearticulación del “campo popular”, tras la deriva del peronismo en internas durante los últimos meses.

La claudicación del “Nunca Más”

Entre los sucesos más importantes a destacar se encuentra el rechazó de la Cámara de Diputados de la Nación al tratamiento de la resolución que exhorta a la cámara baja a investigar y expulsar del cuerpo a los legisladores que concurrieron al penal de Ezeiza, el pasado 16 de julio, a visitar a un grupo de exmilitares genocidas, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), entre los que se encontraba el trístemente célebre Alfredo “el Ángel de la Muerte” Astiz.

La propuesta del apartamiento del reglamento de la cámara para tratar la expulsión de los seis diputados de La Libertad Avanza implicados en las visitas al penal de Ezeiza a comienzos de julio, fue impulsada por la legisladora de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, pero fue rechazada con 121 votos negativos, contra 102 a favor, mientras que 5 parlamentarios decidieron abstenerse.

El rechazo llegó tras el acuerdo entre los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero también colaboraron una serie de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), lo que representó un serio debate en buena parte de las bases del partido que inició e impulsó el Juicio a las Juntas, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

El partido centenario se debate entre conservar sus posiciones históricas, donde el “Nunca Más” se convirtió en una bandera republicana tras los Juicios a las Juntas del gobierno de Alfosín y el rechazo a los indultos dictados por el expresidente Carlos Saúl Menem, en la década de 1990.

La “nueva ola” del radicalismo mantiene un debate interno, tironeado por las posiciones abiertamente negacionistas de los libertarios, y las posiciones más moderadas del PRO, que ocupan todos los casilleros del segmento electoral que pretende abarcar la UCR.

En esa disyuntiva, el bloque radical se rompió, entre quienes negaron la relevancia del tema, o bien consideraron que no era razón de una condena, y quienes siguiendo la tradición republicana e histórica del partido apoyaron el tratamiento de las expulsiones.

Los diputados libertarios, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, acudieron al penal en una visita coordinada por el sacerdote Javier Olivera Ravasi. Allí, recibieron un proyecto de ley para permitir la excarcelación de los condenados aludiendo a “razones de índole humanitaria”, a razón de la avanzada edad de los genocidas y sus condiciones de salubridad dentro del penal.

Sin la Bendición de Francisco

Este viernes, se conoció que Olivera Ravasi ya no podrá prestar servicio en la diócesis de Zárate-Campana, a partir de una disposición de la máxima autoridad eclesiástica de la jurisdicción, que encabeza el obispo Pedro María Lazague, bajo el argumento de que sus actitudes no se condicen con el “testimonio cristiano”, remarca el comunicado. Por esta razón, Olivera Ravasi deberá volver a su lugar de origen, San Rafael, Mendoza, o bien encontrar un obispo que lo acepte en su diócesis.

Días atrás, el viernes 9 de agosto, el Papa Francisco recibió a Ana Fernández, hija y nieta de víctimas del proceso militar. Su abuela Esther Ballestrino de Careaga, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y amiga de Bergoglio, fue secuestrada, torturada y asesinada en “los vuelos de la muerte” en 1977, crimen por el que fue condenado, entre otros, “el Ángel de la Muerte”.

Fernández mencionó que el Santo Padre mencionó la visita de los diputados de LLA a los genocidas, y la caracterizó como “algo muy peligroso”, según relató la hija de Ana María Careaga, secuestrada en junio de 1977 a los 16 años, mientras cursaba un embarazo de tres meses. Durante su cautiverio en el centro clandestino Club Atlético, la joven fue torturada hasta mediados de septiembre donde fue liberada, tras lo cuál se exilió en Brasil y luego en Suecia, donde nació su hija.

En ese lapso, Esther Ballestrino comenzó a buscarla y se unió a un grupo de mujeres con las que fundó Madres de Plaza de Mayo. La abuela de Fernández fue una de las integrantes del grupo “los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz”, donde se reúnen a coordinar la búsqueda de los familiares desaparecidos y dónde un jóven Astiz, se infiltró para organizar sus desapariciones.

Tras la reunión con Francisco, Fernández contó que el Sumo Pontífice le encomendó continuar la lucha en defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de los familiares desaparecidos, “no aflojen, conserven la memoria”, le confió su Santidad.

El Papa también visitó previamente a Genevieve Jeanningros, sobrina de Léonie Duquet, una de las monjas francesas desaparecidas durante la última dictadura militar tras un operativo de espionaje y secuestro en el que participó Astiz. El movimiento de Bergoglio fue leído como un posicionamiento directo, a pocos días de conocerse la visita de los diputados a los genocidas.

Milei contra la Memoria, la Verdad y la Justicia

Por otra parte, el miércoles mediante el decreto 727/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente Milei derogó la normativa 715/2004, impuesta durante el gobierno de Néstor Kirchner, por la cual se creaba la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”(UEI), que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

El argumento que dió el Ejecutivo para disolver el organismo fue que la UEI, “violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”, explicó el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

El titular de la cartera de Justicia, subrayó que al crearse la unidad en el año 2004, “y arrogarle la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”, justificó y resaltó que la supuesta superposición “es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir nunca más bajo este Gobierno. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial”, argumentó el funcionario.

Respuesta y unidad

Desde la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, remarcaron que la UEI, “fue creada para auxiliar a la Justicia, con el objeto de hacer más eficaz y ágil su trabajo, tal cual sucede con la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, sendas dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no reemplazan ni ejercen funciones judiciales” y negaron que presente una intromisión a la actividad del Poder Judicial, “lejos de ver una intromisión en su tarea, (el Poder Judicial) reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia” indicó Abuelas.

A su vez, la organización emblema de la lucha por los Derechos Humanos en Argentina, exigió que el gobierno “informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad” y señaló que la resolución, “obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad”, apuntó la entidad en un comunicado de prensa.

Desde Abuelas remarcaron que la medida forma parte de un plan, “que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía”, advirtió la organización.

Luego del anuncio de la eliminación de la UEI, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak dió lugar a una petición de no innovar de la auxiliar fiscal Ana Oberlin, para evitar que se perdieran los archivos de la CONADI, y exigió al gobierno que explique, en un plazo de 48 horas, cómo se resguardará la documentación de la UEI.

Este viernes, el Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de Enrique “Quique” de Pedro y Lucila Adela Révora, asesinado y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, anunció que presentará un proyecto de Ley elaborado junto a Abuelas, para restituir la UEI, “que nació como parte del consenso democrático de todas las fuerzas políticas y cuyo trabajo es imprescindible en la búsqueda de la Verdad”, manifestó De Pedro.

A su vez, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el jueves que creará una Unidad Provincial Especializada para continuar el trabajo de la UEI en la jurisdicción bonaerense. La decisión llegó luego de que el mandatario provincial se reuniera con la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.

Kicillof remarcó que la provincia seguirá “buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo” afirmó el dirigente.

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