La entrada en vigencia de las nuevas regulaciones para la obtención y renovación de la licencia de conducir profesional, correspondiente a las categorías C, D y E, desató fuertes reclamos por la burocratización del trámite y, fundamentalmente, por un desmedido impacto económico sobre el bolsillo de los trabajadores del sector tras el aumento dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof.
La reformulación del sistema, que impacta directamente sobre un padrón que supera los 680 mil choferes registrados en la provincia de Buenos Aires, fue consecuencia del Decreto 196 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en marzo de 2025. Mediante esa norma, la administración de Javier Milei dispuso la eliminación de la histórica Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y delegó en los estados provinciales la emisión de las habilitaciones para los choferes que realizan cargas o traslado de pasajeros entre dos o más jurisdicciones.
El aumentó decretado por Kicillof: de $20.000 a rozar los $250.000
El núcleo de la protesta contra la medida está en la drástica suba del costo total del proceso. Anteriormente, la gestión se completaba de manera directa en las dependencias municipales por una cifra cercana a los $20.000. Con la nueva disposición administrativa, el trámite puede trepar hasta los $250.000, desagregándose en dos etapas obligatorias:
- Emisión municipal: Un arancel que oscila entre $20.000 y $39.000 abonado en las oficinas comunales encargadas de imprimir los plásticos.
- Evaluaciones y capacitaciones privadas: Un desembolso de entre $150.000 y $180.000 para realizar el examen psicofísico y el curso teórico-práctico en “prestadores externos” autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
A la carga financiera se suma el incremento de las exigencias horarias: la formación teórico-práctica para ingresantes escaló a 20 horas mínimas de cursada (frente a las 16 del régimen anterior), mientras que para las renovaciones periódicas se imponen 20 horas de actualización, contrastando fuertemente con las 3 horas requeridas hasta el mes pasado. Además, los trabajadores denuncian la pérdida de tiempo que significa tener que trasladarse hacia las sedes de los prestadores privados fuera de sus distritos.
Quienes deben abonarlo y cruce de responsabilidades políticas
El universo de afectados abarca a múltiples sectores de la actividad de transporte de cargas y pasajeros: camioneros, choferes de colectivos de media y larga distancia, conductores de ambulancias, taxistas, remiseros y choferes de plataformas digitales de viajes habilitadas.“El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, expresaron desde los colectivos de choferes para graficar la afección directa sobre la retribución salarial.
El nuevo esquema también desató un encendido pase de responsabilidades en el plano político e institucional:
- Denuncia opositora: El diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos) denunció que el sistema oculta una caja de recaudación. Afirmó que las sedes habilitadas por la ANSV para tomar los exámenes psicofísicos y dictar cursos coinciden con dependencias vinculadas al Sindicato de Camioneros.
- Descargo de la Nación: Desde el Gobierno Nacional rechazaron las acusaciones y deslindaron responsabilidades. Argumentaron que la desregulación solo actualiza lineamientos técnicos y sostuvieron que “la modificación no fija precios, no designa prestadores, no determina dónde se realiza el trámite ni cuánto paga cada trabajador”. En esa línea, adjudicaron la fijación de los valores de emisión exclusivamente a la administración de Axel Kicillof.
Ante la ola de quejas operativas y las fallas en el inicio del sistema dispuesto para el 6 de julio, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires evalúa en estas horas dictar una prórroga de 60 días en la implementación para revisar los mecanismos de acreditación y amortiguar el conflicto.
