La acelerada pérdida de capacidad de compra y el fuerte aumento en las tarifas de servicios públicos y transporte terminaron por acorralar las economías domésticas en todo el país. Lejos de utilizar el crédito para la inversión o la adquisición de bienes durables, las familias argentinas quenan atrapadas en un esquema de endeudamiento de supervivencia para financiar gastos esenciales como comida, medicamentos y boletas de luz o gas.
En este escenario, la morosidad no frena su escalada: las estadísticas del sistema financiero indican que casi 5,9 millones de personas presentan atrasos superiores a los 90 días en sus compromisos financieros, un fenómeno que castiga con mayor crudeza a jubilados, trabajadoras de casas particulares y sectores de menores ingresos.
La postura del Poder Ejecutivo nacional frente al problema generó un profundo repudio en el arco gremial y social. Interpelado sobre la grave situación financiera que atraviesa casi la mitad de la población, el presidente Javier Milei desligó la responsabilidad del Estado, catalogó el endeudamiento como un “acuerdo entre privados” y espetó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”. Las declaraciones contrastan con la realidad del sistema bancario y fintech que reporta el Banco Central (BCRA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), donde los niveles de mora evidencian un ahogo estructural e inviable.
Los números de un sistema asfixiado
El relevamiento desarrollado por el CEPA expone cómo los hogares encadenan pasivos para tapar baches presupuestarios. El informe detalla las siguientes variables críticas a mediados de este año:
Incapacidad de pago en bancos y vivienda: El incumplimiento en los préstamos hipotecarios dirigidos a hogares llegó al 12,7% en junio, quintuplicando la media histórica reciente. A su vez, la mora en las entidades bancarias tradicionales pasó del 2,5% a niveles superiores al 12%.
Saturación en el circuito fintech: El panorama se vuelve feroz en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, donde el incumplimiento trepó al 33%. Allí operan algoritmos opacos y Costos Financieros Totales (CFT) que rozan el 750% anual.
Suma continua de deudores: Únicamente durante el mes de junio, más de 57.000 personas ingresaron en mora con el sistema bancario y cerca de 43.000 lo hicieron en el sector de crédito no financiero, consolidando una masa crítica de 5.904.900 deudores morosos.
Como advierte el economista y director del CEPA, Hernán Letcher, la falta de ingresos genuinos fuerza a los trabajadores a diversificar sus compromisos. Hoy es habitual que una sola persona mantenga obligaciones vencidas de forma simultánea con dos o tres bancos y múltiples billeteras virtuales. Al contraerse el financiamiento bancario formal, la única alternativa restante es la migración hacia prestamistas informales, mutuales y usureros del barrio.
El Conurbano como caja de resonancia del endeudamiento familiar
Dentro del mapa nacional de la crisis financiera familiar, la provincia de Buenos Aires se posiciona como el territorio donde el sobreendeudamiento impacta de manera más extendida y profunda. La elevada concentración demográfica del Gran Buenos Aires, sumada al peso del empleo informal y al impacto directo del aumento del boleto de colectivo y trenes en el bolsillo obrero, convierte al entramado bonaerense en el termómetro central de este fenómeno.
En los cordones industriales del Conurbano, miles de familias recurren de manera cotidiana a las billeteras virtuales para garantizar la compra semanal de alimentos y el pago de servicios básicos, multiplicando las deudas cruzadas. A esto se le suma el agravante en la franja de los adultos mayores: según datos de la Universidad Nacional de Avellaneda, más de 1,3 millones de jubilados en todo el país se endeudaron con prestamistas no bancarios para cubrir medicamentos y comida, un drama que golpea fuertemente a los centros urbanos bonaerenses donde los haberes mínimos —de $490.000 (326 dólares)— resultan obsoletos frente al costo de la canasta básica.
La situación bonaerense expone, además, la cara más cruenta de la precarización crediticia: el avance de la cobranza extorsiva e informal. Ante la imposibilidad de regulación por parte de la Nación, abogados y organizaciones de la provincia vienen alertando sobre métodos de amedrentamiento que vulneran la Ley de Defensa del Consumidor. Abusos como llamados insistentes a ámbitos laborales y familiares o la irrupción de usureros informales que apelan al despojo de artefactos del hogar terminan por erosionar la salud física y mental de los deudores en los barrios más vulnerables de la provincia.
A diferencia de la inacción del gobierno central, la administración provincial y comenzaron a evaluar e implementar líneas de asistencia financiera a través de la banca pública local para contener el sobreendeudamiento y refinanciar deudas en condiciones pagables.
Movilización de la CGT contra la usura y la indiferencia del Gobierno
Frente al deterioro del panorama y el rechazo de la Casa Rosada a intervenir sobre las tasas abusivas o la desregulación, las centrales sindicales han decidido ganar las calles. La Confederación General del Trabajo (CGT), en alianza con entidades pyme, colectivos de jubilados, trabajadoras de casas particulares y organizaciones de deudores autoconvocados, concretará una marcha hacia las puertas del Ministerio de Economía.
Desde la central obrera sostienen que el endeudamiento masivo de la población trabajadora no es el resultado de elecciones individuales ni de “acuerdos entre privados”, sino la consecuencia directa de un modelo económico de ajuste presupuestario, desregulación de precios esenciales y licuación salarial. Con la movilización, el movimiento obrero busca exigir topes a las tasas de usura, regulaciones a las plataformas de crédito no bancario y un plan de contingencia urgente que frena la sangría de ingresos desde los hogares populares hacia los sectores financieros.
