En una sorprendente declaración que insólitamente desarma de raíz la rigidez ideológica de la narrativa de la “motosierra”, el presidente Javier Milei reconoció de forma abierta que su administración incrementó de manera sustancial la asistencia a través de planes sociales. Durante una entrevista televisiva concedida al periodista Ismael Cala de la cadena CNN, el jefe de Estado confesó que los beneficiarios de los programas de transferencia estatal hoy perciben “cuatro veces más” recursos que bajo el mandato del peronismo.
De la eliminación de los planes a los planes para bajar la pobreza
El sincericidio presidencial, lejos de matizarse, vinculó de forma directa la contención de los índices de pobreza al robustecimiento de los subsidios públicos. “Es así como nosotros logramos sacar 14,6 millones de personas de la pobreza”, llegó a sentenciar el mandatario, atribuyendo el fenómeno a la eliminación de las organizaciones sociales intermediarias (“gerentes de la pobreza”) y al consecuente incremento real de los montos depositados de forma bancaria en las cuentas de las familias.
La crudeza de la afirmación desnudó una profunda dosis de cinismo político en el Jefe de Estado: tras haber edificado su carrera pública y su plataforma electoral calificando a los planes sociales como un “mecanismo populista, clientelar y de esclavitud moral”, el líder libertario recurrió a la billetera estatal para evitar que el drástico ajuste macroeconómico empuje al país a un estallido civil.
Es que, desde hace tiempo distintos analistas, así como organizaciones del arco sindical y político, ponen en duda los datos sobre la pobreza que utiliza el Presidente. Y, es que, no se explica como, con la cantidad cada vez más abultada de despidos y cierres de empresas, el INDEC continúa dando datos positivos sobre la pobreza.
Además de la sobrevaloración que tiene en los registros oficiales el peso de la economía informal, que es por otra parte inaunditable, la declaración el primer mandatario explica una parte del fenómeno: La asistencia social permite que millones de familias logren superar los ingresos que fijan la línea de pobreza. Por lo que cabe preguntarse ¿A cuánto ascendería la pobreza en el país si se eliminan de raíz los planes sociales, tal como prometiera el líder libertario?.
De Duhalde a La Libertad Avanza: quién tuvo más planes sociales
La metamorfosis discursiva de Milei encaja en una larga trayectoria histórica de la política asistencial argentina, nacida precisamente ante crisis de magnitudes similares. Los programas de transferencia monetaria directa tuvieron su piedra fundacional institucional a principios de 2002 bajo el gobierno interino de Eduardo Duhalde, quien estructuró el plan Jefes y Jefas de Hogar para pacificar un tejido social devastado tras el estallido de la convertibilidad. Inicialmente concebidos como herramientas transitorias de emergencia, los subsidios mutaron hacia un esquema de asignación masiva. El exgobernador bonaerense entregó el gobierno nacional con un total de 1.980.000 planes sociales.
Durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el volumen global de beneficiarios experimentó oscilaciones ligadas a la recuperación inicial del empleo asalariado, pero encontró un nuevo piso estructural en 2009 con la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un derecho institucionalizado que universalizó la cobertura de menores. El matrimonio presidencial logró bajar significativamente los planes sociales primero a 700.000, al final del gobierno de Kirchner, y luego a 220.000 al momento de que CFK entregará la banda presidencial en 2015.
Posteriormente, lejos de extinguirse bajo lógicas de mercado, la estructura de asistencia social se expandió notablemente durante las administraciones de Mauricio Macri, quien amplió el universo y montos de los planes hasta 760.000 para contener la recesión de 2018, y de Alberto Fernández, período este último signado por el nacimiento de la Tarjeta Alimentar y los planes Potenciar Trabajo orientados a la economía popular tras la pandemia que llevaron la asistencia hasta 1.600.000 de beneficiarios.
A mediados de 2021, la AUH registró su mayor poder adquisitivo histórico, logrando financiar el 57% de la Canasta Básica Alimentaria de un hogar tipo. Sin embargo, el severo proceso inflacionario posterior deterioró las planillas, dejando la cobertura en un piso del 28,1% en el traspaso de mando de fines de 2023.
Radiografía de la “motosierra selectiva” y distorsión laboral
La gestión de La Libertad Avanza no destruyó el entramado asistencial, sino que aplicó una reingeniería presupuestaria direccionada. El Ministerio de Capital Humano concentró sus partidas de forma exclusiva en la AUH, que experimentó un incremento del 88% por encima de la inflación entre noviembre de 2023 y marzo de este año. Según informes de la Jefatura de Gabinete, la sumatoria de la AUH y la Prestación Alimentar pasó de cubrir el 55% de la Canasta Básica al 87% a principios de 2026. En este marco, el gobierno libertario subió la cantidad de asistencia rompiendo todos los techos de los gobiernos anteriores con más de 6.800.000 de planes sociales, cifra que choca directamente con la idea de que el Ejecutivo logró reducir la pobreza drásticamente.
Sin embargo, para costear esta expansión “directa”, el Gobierno aplicó una motosierra feroz sobre el resto del gasto social. De acuerdo con auditorías de la consultora C-P, programas como las becas Progresar y los fondos del Potenciar Trabajo sufrieron caídas reales superiores al 70% mediante congelamientos y bajas masivas de padrones. Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se desvalorizó un 30% en términos reales.
Esta distorsión arrojó un escenario macroeconómico sumamente paradójico, analizado por el economista Federico Pastrana: “Como la AUH casi se duplicó y las asignaciones familiares fueron congeladas, hoy cobra más un desempleado o informal por cada hijo que un asalariado registrado, esto desincentiva la formalización”. La revelación de Milei deja al descubierto el doble estándar libertario: mientras el ajuste recae con fuerza sobre la clase media trabajadora y los jubilados, el equilibrio fiscal se sostiene mediante el récord de un asistencialismo estatal concentrado, el mismo que antes llamaban “populismo”.
